La nueva normativa prohibiría la entrega de métodos anticonceptivos a casi tres millones y medio de mujeres, es decir un tercio de la población femenina en edad fértil. El 100% de los anticonceptivos que entrega el sector público contienen levonorgestrel y el 40% de lo que vende el sector privado.
Basada en información entregada por el instituto nacional de estadísticas, y la CEPAL, los impactos que tendría esta medida, sería:
1. Aumentaría la natalidad entre 5 a 7 puntos, pero los abortos clandestinos aumentarán entre 15 a 17 puntos.
2- En promedio se producirían más de 280.000 abortos anuales, de los cuales se estima un 20% de complicación, con un aumento en más del 50% de hospitalizaciones, lo que produciría además del impacto humano, un total COLAPSO del sistema de salud chileno. Las complicaciones de abortos serán mayores a las que existían en 1964
3-Se estima que el número de muertes de mujeres por aborto aumentaría hasta 5 veces. Además del probable incremento que tendría la morbimortalidad por el ya mencionado colapso del sistema de salud en el área de maternidad.
4-Esto por supuesto solo afectará a la población mas pobre y vulnerable de nuestro país, que es la que depende del sector publico tanto para la atención del embarazo y parto como para la adquisición de anticonceptivos, ya que las personas de mayores recursos podrían adquirir anticonceptivos más caros, que no contengan levonorgestrel, comprar en el extranjero o en el eventual mercado negro que se produciría.
5-El impacto en la población adolescente seria aun más dramático, ya que se sumaría a la ausencia de educación sexual en los colegios, la negación del acceso a los principales métodos anticonceptivos.
Extracto del estudio realizado para el tribunal constitucional por los Dr. Giorgio Solimano y Ramiro Molina. Universidad de Chile.
(Elquintoinfierno.cl)
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