Hace algunos meses un nuevo caso de irregularidades quedó al descubierto al interior de la Corporación Cultural de Antofagasta, luego de que se diera la voz de alerta sobre la aparente falsificación de 18 firmas del alcalde Daniel Adaro por parte de la ex Secretaria Ejecutiva de dicha entidad municipal, María Sánchez Molina, y su secretaria, Elizabeth Ramos Guerra, lo que generó un desfalco de 8 millones de pesos, de los cuales aún se desconoce su paradero. De la voz de alerta se dio paso a las denuncias respectivas para que se pudiera investigar el tema y determinar las responsabilidades de ambas mujeres. Sin embargo, hoy la ex Secretaria ejecutiva se encuentra fugada de la justicia luego de que no se presentara a comparecer en las dos oportunidades que fue citada a los tribunales de justicia, mientras su secretaria se encuentra con medidas cautelares. Al no aportarse nuevos antecedentes, la investigación ha quedado trancada y pasará algún tiempo antes de que se pueda dilucidar con exactitud lo sucedido en este nuevo robo de platas públicas.
Pero ahora pongamos este hecho en contexto con las otras anomalías que se han venido sucediendo desde el 2004, y preguntémonos si este nuevo robo es tan sólo eso, o va más allá y es, tal como lo asegura el Concejal Marcos Simunovic, un cortina de humo elevada a través de los medios de comunicación para confundir a la opinión pública, y así desviar su atención de los problemas que también se les viene haciendo un seguimiento desde hace algunos años, como por ejemplo, la pérdida de más de 150 millones de pesos por concepto del no pago de las imposiciones de los trabajadores de la misma Corporación Cultural.
Recordemos que la Corporación Cultural y la Corporación Municipal de desarrollo Social (Cormudeso), otra entidad que ha sufrido irregularidades, son corporaciones municipales y por lo tanto, son dirigidas por el propio Daniel Adaro y designadas también por él.
Pero vamos por orden para poder sacar algo en limpio de todo este juego sucio que se ha estado llevando a cabo a espaldas de la comunidad. En el 2004 la Contraloría General de la República en una inspección que le hizo a la Cormudeso detectó y denunció a la fiscalía que el alcalde contrató a personas, a través de esta entidad, para prestar supuestamente algunos servicios en esta institución, pero según informes de la propia contraloría, estas personas no realizaban los trabajos por los cuales habían sido contratados, sino que fundamentalmente se encargaban de darle asesoría política al alcalde, usándose platas de la salud y la educación.
En cuanto a la relación de estas personas contratadas por el alcalde, Simunovic señaló que “en base a antecedentes que han salido a la luz en investigaciones más recientes, eran personas que estaban vinculadas a la Democracia Cristiana y por ahí se explica el contrato a estas personas, y según lo que dicen los antecedentes disponibles, la contraloría detectó eso e hizo la denuncia ante la fiscalía a fines del 2004”.
Por otra parte, esta facultad del alcalde para designar las directivas ha sido auto-atribuida en desmedro de lo que establece la ley. “Yo he venido reclamando desde hace años que de acuerdo a las modificaciones del año 1999, nosotros como concejales tenemos derecho de participar en el nombramiento de los directores de las Corporaciones Municipales. Ese derecho nunca lo hemos podido ejercer porque tanto el alcalde Araya como Adaro, nunca nos han querido reconocer ese derecho y ellos han nombrado a su pinta a los directorios y por lo tanto a sus directores ejecutivos. Recientemente, y ante la insistencia generada a la Contraloría General de la República, logré un pronunciamiento que dice que quien efectivamente tiene que nombrar a los directores de estas corporaciones, es el Concejo Municipal. Esto es un avance muy importante para la democratización de estas instituciones”, señaló el concejal, aludiendo al supuesto de que esta contribuirá a generar mayor transparencia en la gestión de quienes nos representan en el poder y un fin a esta sucesión de compadrazgos que más de algo podrían tener que ver con tanta corrupción.
VERANOS NARANJALos famosos Veranos Naranja, una buena idea de poner al alcance de todos las presentaciones de artistas de renombre y con ello unir a la comunidad en torno a la cultura durante los veranos, también tienen un sucedáneo cuyo gusto amargo se explica por la presencia de desbarajustes de dineros e irregularidades a la hora en que se presentaron las rendiciones de cuentas a la Unidad de Control de la Municipalidad.
La organización de los Festivales Naranja a partir de 2004 ha estado a cargo de la Corporación Cultural, la cual recibía donaciones de empresas privadas para la gestión de estos festivales. Según lo establece la propia Ley de Donaciones y la Ley Municipal, todos los recursos que llegan a instituciones públicas deben ser debidamente rendidos y se debe llegar a una contabilidad que demuestre claramente en qué y cómo se utilizaron esos fondos. En ese entonces la Unidad de Control Municipal, y durante los últimos tres festivales, objetó estas rendiciones definiendo que eran rendiciones que no cumplían con toda la normativa porque existían usos de dinero que no tenían relación con el festival, argumentando además que habían usos de dinero en los cuales no se acreditaba ni se demostraba que realmente se haya buscado lo más barato y conveniente para los intereses municipales al momento de comprar y contratar servicios.
Aparte de estas rendiciones objetadas, y conjugando antecedentes que el propio Simunovic puso a disposición de la fiscalía, se descubrió que existían facturas que se habían rendido dos veces. “Yo encontré recientemente 17 millones de pesos en esos desfases, en facturas que están repetidas en dos rendiciones. En este ámbito, el de los Veranos Naranja, hay cerca de 180 millones de pesos sin ser debidamente rendidos ante la contraloría municipal”.
En base a estos antecedentes es que se inició un juicio en contra de la ex Secretaria Ejecutiva de la Corporación Cultural, persona de confianza de Adaro, y por ello designada en la dirección de esta corporación, y que hoy se encuentra fugada luego de que una nueva denuncia cayera en su persona con motivo de la falsificación de la firma del edil.
APROPIACIÓN INDEBIDA DE IMPOSICIONES
Otra ilegalidad que ha estado presente en la gestión del candidato independiente, es la apropiación indebida que se ha estado realizando de las imposiciones de los trabajadores de las corporaciones, principalmente de la cultural. Ahí se han llegado, en palabras de los propios abogados de la Corporación Cultural, a más de 150 millones de pesos. Actualmente se está investigando quienes son los responsables y hacia donde fueron a parar esos dineros.
“Dentro de estas rendiciones de la Corporación Cultural aparecían liquidaciones de sueldo de trabajadores que no estaban trabajando o que estaban con permiso sin goce de sueldo. Sin embargo tomaban su sueldo y lo hacían aparecer como si efectivamente ese sueldo estuviera siendo pagado al trabajador” afirmó el concejal Simunovic, quien puso las primeras voces de alerta en la fiscalía a comienzos de 2006.
Entre fines de marzo y junio de ese año, ahí recién, luego de que se interpuso una denuncia e investigaciones había empezado ya a realizar las primeras gestiones para determinar la procedencia de estas irregularidades e incluso interrogado a funcionarios de la Corporación Cultural, se van a producir las falsificaciones de las firmas del alcalde por un monto cercano a los 8 millones de pesos, hecho que ha resurgido en la opinión pública luego de que se citaran a declarar a las culpables y luego la secretaria ejecutiva se haya dado a la fuga.
El concejo, en vista de estas irregularidades, en reiteradas oportunidades pidió que se rindieran cuentas claras ante ellos y la comunidad, pero eso nunca se quiso hacer. Tampoco se le permitió nombrar a los directorios. Y lo que es más extraño aún, y que da indicios del grado de responsabilidad que recae sobre el edil en estas materias, es que cuando en vista de las investigaciones que estaban llevándose a cabo en este organismo municipal se pidió ver las actas de las sesiones de la directiva, en muchas de ellas se encontró que el directorio no sesionaba, por lo tanto no ejercía las labores que le correspondía de fiscalizador y de llevar el control de la situación.
“Es curioso que dijeran que no habían puntos a tratar cuando debajo estaban ocurriendo todas estas cosas. Por lo menos podemos decir que ese directorio, con su director incluido, no ejercía sus labores de fiscalización”, aseguró Marcos Simunovic.
Actualmente existen 11 acusaciones, entre querellas y denuncias que afectan a ambas corporaciones y a sus directivas, y las investigaciones van avanzando y cerrando cada vez más el círculo que terminará por poner a la luz pública a los culpables de estos actos de corrupción.
También criticó el concejal a los medios de comunicación por omitir información que él mismo les enviaba en forma de comunicados de prensa. Es de esperar que haya sido de esta forma sabiendo la estrecha relación monetaria que existe entre los organismos de poder y las empresas periodísticas. De todas formas, y fuera de todo intento por acallar la verdad, ésta se terminará imponiendo y serán las personas, las mismas que mantienen y eligen a sus representantes, las que castigaran con su veto a quién se haya tratado de aprovechar de la confianza entregada o a quién le correspondía velar por el correcto funcionamiento de su gestión, y así no lo hizo.
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